El yacimiento, considerado el segundo más importante del mundo en recursos de gas y el cuarto en petróleo, abarca las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.

Sostuvo, además, que la resolución lejos de dotar de un manto de legalidad, es una muestra de “inseguridad jurídica” para los inversores y concesionarios.

Vanina Merlo, ministra de Ciudadanía de Neuquén

El gobierno de la provincia salió a través de la funcionaria a plantear su malestar por la medida nacional.

• Merlo señaló que la medida “extiende de manera inconstitucional las áreas de actuación de Gendarmería” y que “una resolución ministerial atribuye facultades que son de las provincias, o del Congreso de la Nación, o tan sólo pueden ser dispuestas por una orden judicial ante una situación concreta”.
• La ministra neuquina agregó que “esta decisión es una nueva intromisión en las autonomías provinciales, un avasallamiento al régimen federal a través del dictado de una norma que involucra competencias que no le son propias”.

Manifestó que “todos estamos de acuerdo en proteger a Vaca Muerta como recurso estratégico sostenible, pero ello no puede ser garantizado a través de intromisiones con apariencia de legalidad que terminan generando el efecto opuesto: inseguridad jurídica”.

La resolución está en estudio de la Fiscalía de Estado neuquina. El texto fija que que el espacio geográfico donde está situada la “formación Vaca Muerta” en la cuenca neuquina, será jurisdicción de Gendarmería Nacional.

“Extiende de manera inconstitucional las áreas de actuación de Gendarmería”, dijo Merlo.