Lona, el magistrado que mayor poder acumuló en Salta, especialmente en las décadas de los años 70 a 80, volverá a los estrados de la justicia federal, donde ejerció el poder en toda su amplitud, pero no para ocupar un despacho o un lugar en algún tribunal, sino para sentarse en el banquillo de los acusados.

El debate, según lo informado desde el Tribunal Oral Federal 2, comenzará mañana a primera hora en el edificio ubicado en la avenida Francisco de Gurruchaga 297, frente al monumento al General Martín Miguel de Güemes.

Para esta semana se programaron tres audiencias a desarrollarse el martes, en dos turnos, y el miércoles, sólo a la mañana.

El tribunal que juzgará al ex juez está integrado por una única vocal natural, la jueza, Gabriela Catalano, mientras que los otros dos camaristas se excusaron. Sus lugares serán ocupados por los jueces, Gabriel Casa, de Tucumán, y Juan Reynaga, de Catamarca. Como cuarto juez, con carácter de sustituto, fue designado Federico Bothamley.

La representación del Ministerio Público de la Nación, en tanto, estará a cargo del fiscal, Carlos Amad, mientras que la defensa del ex juez será ejercida por los abogados, Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortiz. La extensión del debate aún no está definida, aunque se especula que podría demandar, al menos, tres meses, informó Nuevo Diario de Salta.

La acusación

En su acusación, el fiscal Amad sostuvo que Lona, en su rol de juez federal al tiempo de los hechos, el 11 de mayo de 1976, “omitió investigar el modo, tiempo y lugar en que se produjo el secuestro y posterior desaparición del ex gobernador de la Provincia de Salta,Miguel Ragone, el homicidio del cual resultara víctima Santiago Catalino Arredes, y las lesiones que sufriera Margarita Martínez de Leal”.

Asimismo, afirmó que el ex magistrado acusado “tampoco dispuso ni ordenó las medidas procesales necesarias que el caso requería”.

Al respecto, mencionó que Lona no hizo comparecer a todas las personas que tenían datos respecto al hecho, entre ellos el testigo Mendoza, quien la noche anterior le había advertido a Ragone sobre su secuestro. Asimismo, señaló a dos personas menores de edad que habrían presenciado el hecho en forma directa.

Por otra parte, resaltó la no disposición de diligencias técnicas y periciales, especialmente las que tenían como objetivo preservar pruebas y la escena del crimen. Agregó que tampoco se tomó declaración a Leal, la principal testigo de lo sucedido.

Pese a tomar conocimiento casi de inmediato sobre el secuestro de Ragone, explicó el fiscal, Lona no hizo nada para iniciar rápidamente el esclarecimiento del hecho, sino que su conducta llevó a procurar la desaparición de rastros y pruebas, pues incluso ordenó medidas contrarias a la resolución del caso.

Por otra parte, Amad imputó a Lona el “haber dispuesto, a partir de supuestos de hecho falsos, con fecha 31 de mayo de 1976, el sobreseimiento provisional de la causa “hasta tanto sean habidos él o los autores, sin ordenar ninguna medida de prueba en el proceso y de modo prematuro”.

Por otra parte, se reprocha a Lona haber calificado el hecho como una “actividad subversiva”, como así también haber “tramitado y resuelto” un expediente a través del cual resolvió declaró “legalmente muerto” a Miguel Ragone en virtud del régimen dispuesto por la ley N° 22.069 -aplicable a personas relacionadas con actividades subversivas.

Hasta el 17 de noviembre de 1986, o sea diez años después, el ex juez Lona no realizó ninguna medida en busca de lograr el esclarecimiento del secuestro de Ragone, el asesinato de Arredes y la tentativa de homicidio de Leal, hecho que encuadró en los delitos de prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y encubrimiento.